El Senado de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Se trata de una medida que asegura la actualización de las partidas presupuestarias y la recomposición salarial para docentes y nodocentes de todas las universidades públicas.
La norma dispone que los recursos se ajusten según la inflación acumulada de 2023 y 2024, lo que permite recuperar poder adquisitivo y garantizar el funcionamiento básico de las instituciones.
También establece la apertura de paritarias, un fondo para becas y funcionamiento, y la creación de un refuerzo específico destinado a carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.
Este avance legislativo tiene una relevancia particular: no compromete el equilibrio fiscal de la Argentina. El financiamiento universitario puede sostenerse en paralelo a una administración responsable de las cuentas públicas.
El desfinanciamiento impactó en aulas, laboratorios y servicios básicos, dificultando tareas esenciales de docencia e investigación. Con esta norma, se abre la posibilidad de retomar proyectos demorados, fortalecer la permanencia estudiantil y garantizar condiciones de trabajo más justas para los equipos que sostienen la vida académica.
Desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica reafirmamos el compromiso con la universidad pública como bien social, motor de equidad y desarrollo científico.
Este paso legislativo refuerza una convicción que forma parte de nuestra historia: la educación superior debe ser accesible, gratuita y de calidad, porque constituye un derecho de todos y una herramienta clave para el futuro del país.