El martes 19 de agosto, en el Aula Magna de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, se realizó una charla para analizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales y el sistema científico-tecnológico. Participaron Pablo Evelson (decano de FFyB), Luciano Cagnacci secretario general de la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), Emiliano Cagnacci secretario general de la Asociación de Docentes de las Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y Priscila Vitale (presidenta de la FUBA). El objetivo fue compartir datos, perspectivas y acciones para defender el funcionamiento académico, la investigación y la extensión universitaria.
El decano expuso la composición del presupuesto universitario: alrededor del 85% corresponde a salarios (docentes y nodocentes) y apenas el 8% a gastos de funcionamiento, un dato clave para entender por qué las actualizaciones parciales de estos gastos no resuelven el problema de fondo.
En términos reales, el presupuesto 2024 cayó cerca de 22% y se proyecta un retroceso adicional de casi 9% para 2025. En paralelo, mientras el Gobierno difundió un aumento salarial del 111% (enero 2024 – mayo 2025), la inflación en el mismo período fue de 147%, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo acumulada de más del 40% desde diciembre de 2023.
A esto se suman incrementos salariales mensuales unilaterales muy por debajo de la inflación. Se señaló, además, que un profesor titular con dedicación exclusiva ronda $1,5 millones, mientras que categorías iniciales quedan por debajo del salario mínimo; un becario de investigación percibe alrededor de $880.000.
En gastos de funcionamiento, tras la primera gran marcha universitaria, en abril de 2024, hubo un aumento significativo, pero no se actualizó. Esta restricción obliga a priorizar las actividades esenciales.
El impacto social es directo. Casi el 50% de los estudiantes relevados por la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC son pobres (2024), y en los últimos 20 años creció el acceso a la universidad de los dos quintiles de menores ingresos, conquista hoy amenazada si cae la capacidad institucional de sostener clases, investigación y extensión.
En el plano institucional, se subrayó la urgencia de:
- aprobar la Ley de Financiamiento Universitario (con media sanción en Diputados) y rechazar un eventual veto;
- restablecer paritarias reales;
- sancionar el Presupuesto Nacional 2026 para ordenar el flujo de fondos.
Desde el sector nodocente (APUBA) se advirtió sobre la pérdida de acompañamiento social tras la masiva marcha de abril, aun cuando la universidad sigue abierta por la vocación de docentes y nodocentes, y que el desfinanciamiento salarial repercute también en obras sociales. Se convocó a visibilizar la problemática y a reconstruir la unidad para una nueva movilización.
El movimiento estudiantil (FUBA) enfatizó el rol de la comunidad educativa en la contención cotidiana y la centralidad de la educación como motor de ascenso social, llamando a defender una universidad que no deja a nadie afuera.
Desde ADUBA se planteó que lo que está en discusión no es sólo un número, sino el modelo de universidad pública (gratuita, masiva, cogobernada, con docencia, investigación y extensión), y destacó que la nueva ley de financiamiento fue construida por el propio sistema universitario (CIN, gremios y FUA).